Somos autores de la ley 1918 de 2018, la cual creó por primera vez en Colombia un Registro Nacional de Abusadores Sexuales, una herramienta indispensable para la protección de niños, niñas y adolescentes.
A través de esta regulación, se consolidó un sistema de información que permite identificar a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, estableciendo además la inhabilidad permanente para ejercer cargos, oficios o profesiones que impliquen contacto directo con ellos.
La ley surgió como respuesta al aumento de casos de violencia sexual infantil y a la necesidad de prevenir la reincidencia mediante controles eficaces. Su implementación fortaleció las capacidades del Estado para impedir que agresores vuelvan a ocupar posiciones de riesgo y para garantizar que instituciones públicas y privadas realicen verificaciones previas robustas antes de vincular personal que trabajará con población infantil.
Tras la aprobación de la ley, su constitucionalidad fue demandada bajo el argumento de que vulneraba el derecho al trabajo de los condenados por delitos sexuales. La Corte Constitucional, aunque declaró la norma ajustada a la Constitución, ordenó corregir algunos aspectos formales.
Lejos de ser un obstáculo, este fallo permitió que fortaleciéramos el alcance de la iniciativa, impulsó posteriormente ajustes que se consolidaron con la Ley de Entornos Seguros, reforzando los mecanismos de verificación, control y prevención.
