A cinco años de la promulgación de la Ley Ana Cecilia Niño, aún no se han implementado medidas clave como la política de sustitución del asbesto o la ruta integral para la atención de las personas expuestas a este enemigo mortal.

El debate de control político en Sibaté, una de las zonas más afectadas por este mineral en el país, reunió a víctimas, familiares y expertos para exigir una acción real y urgente por parte del Gobierno en la implementación de la ley.

Sibatè, 25 de septiembre de 2024 En respuesta a la falta de implementación de la ley que prohibió la explotación, comercialización, distribución y uso el Asbesto en el país, más conocida como ley Ana Cecilia Niño, la senadora Nadia Blel, autora de la normativa, lideró este miércoles un debate de control político con el fin de evaluar los avances y exigir al Gobierno Nacional un compromiso real para su cumplimiento.

El evento, realizado en Sibaté, uno de los municipios más afectados por este mineral, contó con la participación de los ministerios de Salud, Medio Ambiente, Trabajo, Minas y Comercio, así como con expertos, representantes de la academia y familiares de víctimas del asbesto.

Uno de las preocupaciones más críticas fue la ausencia, tras cinco años de la sanción de la ley, de una política de sustitución del asbesto instalado en el país. Aunque la ley ordenaba al Gobierno que a más tardar el 11 de julio de este año debía estar lista la formulación de un plan para reemplazar este material altamente tóxico, no se ha avanzado en este aspecto.

“El asbesto sigue siendo una amenaza latente para los colombianos, Hay más de 10 millones de toneladas de asbesto instalado en todo el país y todavía hoy no contamos con una política de sustitución. La salud y la vida de millones de colombianos sigue riesgo”, afirmó la senadora Blel.

Otra de las preocupaciones abordadas fue la falta de creación y puesta en marcha de la ruta integral para la atención de las personas expuestas al asbesto, la cual que debía implementarse en los primeros seis meses tras la aprobación de la ley. Es decir, aún no se ha formalizado ni garantizado la atención médica para las víctimas.

En cuanto a la prohibición de nuevas concesiones para la explotación de asbesto, aunque ya no se otorgan permisos, preocupa la falta de control sobre el desmantelamiento de minas activas antes de la ley. No se han tomado medidas preventivas adecuadas para evitar la contaminación en estas áreas, lo que agrava los riesgos tanto para la salud como para el medio ambiente.

Cabe recordar que, según la organización mundial de la salud, Todas las formas de asbesto, incluido el crisotilo, son cancerígenas para el ser humano. Y la exposición a este elemento es causa de cáncer de pulmón, laringe y ovario, así como de mesotelioma y asbestosis (una forma de fibrosis pulmonar), además de placas, engrosamientos y derrames pleurales. Por eso este material está prohibido en 71 países del mundo.

Justamente el pasado cinco de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a Eternit Colombiana S.A. a pagar una indemnización de $16.510 millones a las víctimas del asbesto, entre ellas a la familia de Ana Cecilia Niño.

El debate cerró con un llamado de la Senadora a las autoridades competentes para que cumplan su deber con las víctimas del asbesto y se implementen de manera urgente las medidas contempladas en la ley. “El Estado no puede permitirse fallar en la supervisión de este tema; la salud pública y el bienestar de miles de personas dependen de ello”, concluyó la senadora Nadia Blel.