Esta iniciativa busca que una mayor parte de los recursos que generan las actividades portuarias permanezca en las regiones donde se desarrollan, para fortalecer su capacidad de inversión y desarrollo.
El proyecto propone una nueva distribución de las contraprestaciones portuarias: 50 % para la Nación, 30 % para municipios y distritos, y 20 % para los departamentos.
Con estos recursos, los territorios podrán impulsar proyectos de infraestructura, conectividad, protección ambiental, adaptación al cambio climático y desarrollo social, de acuerdo con sus propias necesidades y prioridades.
