Este proyecto de acto legislativo busca fortalecer la protección constitucional de los niños, niñas y adolescentes frente a los delitos de mayor gravedad cometidos en su contra.
La iniciativa propone habilitar, de manera excepcional, la imposición de penas de prisión de hasta el doble del máximo previsto en la ley cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de homicidio doloso o de determinadas conductas de violencia sexual, particularmente aquellas cometidas con violencia o aprovechando la incapacidad de resistir de la víctima. Es dedir una pena máxima de hasta 100 años de prisión.
El proyecto busca reforzar la prevención y la sanción efectiva de estos delitos, bajo el principio constitucional de que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y establece que la reglamentación de estas penas deberá respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
El objetivo es claro: que frente a los delitos más graves contra nuestros niños, la respuesta del Estado esté a la altura de la gravedad del daño y de la protección reforzada que la Constitución les reconoce.
