Busca evitar que los contratistas de las entidades públicas enfrenten interrupciones injustificadas  cuando la necesidad de su trabajo continúa.

Para ello, propone prohibir la fragmentación de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión cuando se trate del mismo contratista, objeto y necesidad durante una misma vigencia fiscal.

La iniciativa busca que las entidades públicas planeen adecuadamente la duración de sus contratos, de manera que respondan al tiempo real que requiere el servicio, contribuyendo así a la continuidad y eficiencia de la gestión pública.